Fuente: Programa de Gobierno de CA
DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA: Declarar
formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República.
1. RECUPERAR LA TRANQUILIDAD EN LOS BARRIOS
Territorialidad. Despliegue, prevención, operaciones y estrategia de seguridad
1.1. Blindaje de fronteras: Fortalecimiento y blindaje de fronteras mediante implementación de un Sistema de Gestión de Fronteras integral, sin costos para los usuarios, y el control de espacios aéreo, marítimo, fluvial, costas y fronteras terrestres. Incremento del despliegue territorial de la Guardia Republicana, especialmente en Rivera y Rocha. Apoyar controles de ingreso en pasos de fronteras y controles de rutas.
1.2. Control de rutas y vías de comunicación terrestre: Recuperar el control de las rutas, estableciendo en forma permanente un sistema coordinado entre Jefaturas de Policía, Policía Caminera para el control de las rutas con un despliegue conveniente y alineado a los escenarios determinados por esta última. Planificar los controles en base a puestos permanentes y móviles contando con conectividad en red en todos y con la capacidad de operación conjunta con la Dirección Nacional de Aduanas u otros organismos del Estado que se requieran.
1.3. Recuperar el dominio territorial urbano y rural:
a) Implementar la Doctrina del Dualismo Funcional: con una estrategia netamente prevento-represiva.
b) Crear seis Comisarías/Seccionales de alto impacto, dotándolas de personal experimentado, movilidad y tecnología de detección con georreferenciación en barrios de contexto crítico en el área metropolitana.
c) Reorganización geográfica de las Unidades Básicas Operativas (comisarías/seccionales) considerando variables como territorio, población y volumen de las operaciones. Coordinar acciones territoriales con la Policía Comunitaria Orientada a Problemas y prevención social del delito.
d) Mantener el patrullaje, Grupo de Reserva Táctica y Unidades de Respuesta de la Policía de Montevideo con bases en las zonas operacionales, reorganizando y contextualizando adecuadamente el uso del PADO basándose en la doctrina de “Patrullaje Activo”.
e) Como parte del control territorial se perseguirá las bocas de distribución de drogas, erradicándolas, procurando quitar a los jóvenes del consumo, reduciendo la disponibilidad y la oferta local mediante acciones ofensivas continuas.
f) Crear un Anillo Digital con sensores y lectoras de matrículas en todas las vìas de ingreso a los principales centros urbanos (Montevideo, Maldonado-Punta del Este y Rivera) registrando en tiempo real el tráfico, ayudando a prevenir el robo de vehículos y el seguimiento sincronizado de desplazamientos delictivos y casos de secuestro. Lo mismo se aplicará progresivamente en los pasos de frontera, integrando toda la información en red.
g) Incrementar los efectivos necesarios para completar la dotación operativa de Comisarías Rurales y Destacamentos Policiales asegurando la presencia de personal todo el año. Revisar el Servicio de Custodia Domiciliaria por Violencia Doméstica, empleando el máximo de dispositivos electrónicos y georreferenciación por redes móviles. Reorganizar las fuerzas efectivas de todas las Jefaturas en función de las variables particulares de cada departamento, considerando adicionalmente la incidencia del crimen organizado transnacional.
1.4. Centros de operaciones:
a) Organizar un Centro de Operaciones de Seguridad a nivel estratégico ministerial, conectado con todos los centros de operaciones departamentales y zonales que permita brindar control e información de todas las actividades cubiertas y conducir operaciones.
b) Para las Jefaturas de Montevideo, San José y Canelone se propone instrumentar un Centro Coordinador de Operaciones en conjunto, que implemente políticas de prevención social del delito, interinstitucionalmente. Organizar centros de operaciones de seguridad en cada zona operacional del área metropolitana y jefaturas cercanas. Coordinar acciones con municipios y oficinas territoriales del MIDES, creando cuatro zonas operacionales más en coincidencia jurisdiccional con los ocho municipios de Montevideo, adaptando la Ley Orgánica Policial en función de esta necesidad.
c) Patrullaje con drones: operar el patrullaje diurno y nocturno con drones apoyando el despliegue táctico operativo, empleando en las áreas urbanas ( drones de alto rendimiento) en coordinación con el Comando de Sensores Remotos de la Fuerza Aérea.
1.5. Guardia Republicana: Incrementar el despliegue nacional en puntos regionales. Consideramos prioritarios los departamentos de Rivera, Rocha, Salto, Colonia, Durazno, Maldonado y Cerro Largo. Desplegar secciones en apoyo directo a las zonas policiales de Montevideo para que cuenten con un elemento de respuesta adicional y de disponibilidad inmediata en el territorio.
1.6. Vigilancia:
a) Recuperar y multiplicar vigilancia nocturna en áreas urbanas y suburbanas con descentralización táctica, implementando esquemas de serenazgo e integrando personal policial y militar en situación de retiro y aptos para tareas de vigilancia.
b) Seguridad y vigilancia en centro educativos del Estado, a través de un sistema de vigilancia física con serenazgo, sistemas de iluminación adecuados y patrullaje en áreas próximas para proteger desplazamiento y concurrencia de estudiantes.
1.7. Seguridad en el deporte y eventos masivos: Establecer la presencia policial dentro de los recintos deportivos en situaciones de alto riesgo acorde a la Ley del Trabajo en la Seguridad Privada 19.721 y su reglamentación por el Decreto 35/022. Ajustar la tecnología (videovigilancia de alta definición), equipamiento, infraestructura y procedimientos al estándar ISO 20121-2012. Establecer un registro de espectadores para los espectáculos deportivos considerados de mayor riesgo, con datos biométricos y número de documento, previo a los espectáculos contrastable por los sistemas de control de acceso en los campos deportivos a ser designados por las Jefaturas de Policía en coordinación con las asociaciones deportivas. Ajustar los eventos del fútbol al estándar de recomendaciones técnicas y requisitos para estadios de fútbol de la FIFA, a la Green Guide del Reino Unido y a las Guías de Gestión de la Seguridad en Deportes y Eventos Mayores de Estados Unidos.
1.8. Violencia doméstica: Incrementar los medios de las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica. Impulsar una campaña educativa y de sensibilización en coordinación con el MIDES. Incrementar el monitoreo de dispositivos de localización portátiles y en telefonía celular por intermedio de los Centros de Operaciones Zonales.
2. COMBATE AL NARCOTRÁFICO
Crimen organizado trasnacional, lavado de activos y ciberseguridad
2.1. Agencia Nacional de Protección:
a) Proponer la creación de una Agencia Nacional de Protección contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional en la órbita del Ministerio del Interior.. Tendrá la misión de asesorar, planificar, coordinar y supervisar las tareas de inteligencia, operaciones y logística en lo relativo a dichos delitos. Auxiliará a las Fiscalías especializadas para combatir todas las modalidades de amenazas, siendo .
b) Tendrá la potestad para organizar fuerzas de tarea de diferentes organismos en el combate al crimen organizado, para operaciones limitadas acorde lo que disponga la fiscalía a cargo. Será responsable de definir los estados de alerta de seguridad nacional, departamental o local. Poseerá un núcleo de análisis prospectivo de escenarios de contingencias adversas a los intereses nacionales en permanente análisis para planificar escenarios y recomendar acciones de mitigación de riesgos.
2.2. Brigadas Antidrogas: Organizar Brigadas Antidrogas en todas las Jefaturas Departamentales y crear las brigadas necesarias y suficientes en Canelones, San José, Montevideo y Maldonado. Se regulará el esfuerzo a fin de no generar desplazamiento negativo. Dependerán de las Jefaturas Departamentales y quedarán en Control Operacional de la Agencia Nacional de Protección durante los operativos que se planifiquen. Implementar un plantel de perros para la detección de drogas y apoyar todas las operaciones en rutas y vías urbanas.
2.3. Combate y control del lavado de activos:
a) Usar la Evaluación Nacional de Riesgos y la Estrategia Nacional para la lucha contra el lavado de activos como herramientas para diseñar acciones preventivas y detectivas eficientes.
b) Incrementar los medios investigativos del Ministerio del Interior en el sistema ALA/CFT, para tener una mayor cobertura en la intervención directa en el área represiva y de investigaciones. Mejorar el sistema de cruzamiento y explotación de datos utilizando la inteligencia artificial, con el asesoramiento inicialmente de AGESIC y posteriormente de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
c) Dotar a la SENACLAFT de cargos efectivos permanentes, con especialistas formados para darle continuidad y profundidad a sus operaciones.
d) Promover una Ley Anti Corrupción, Mafias, crear el delito de Chantaje Civil y la figura del “informante financiero”, que monitoree el flujo de dinero, las organizaciones criminales y quienes las favorecen ampliando la capacidad del Estado para combatirlas.
e) Fortalecer la capacidad investigativa en la materia de la Fiscalía General, UIAF, Ministerio del Interior y Superintendencia de Servicios Financieros.
f) Revisar las obligaciones en materia de antilavado de zonas francas y organizaciones sin fines de lucro y de otros sujetos obligados (incluir los Clubes Cannábicos), así como ayudarlos a cumplir sus controles.
g) Crear una Escuela de Fiscales con énfasis en la Especialización relacionada al Lavado de Activos, Crimen Organizado Trasnacional y Ciberdelitos.
2.4. Aduanas y fronteras:
a) Organizar y operar en rutas nacionales con equipos móviles de control aduanero, con cámaras lectoras de precintos, escáneres móviles y equipos computacionales en la red del Sistema de Gestión de Fronteras para verificaciones.
b) Incrementar la cantidad de escáneres de contenedores en el Puerto de Montevideo a disposición para el Programa de Control de Contenedores acorde el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Extender el Programa de Control de Contenedores a los Puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos en el período de gobierno.
c) Implementar un Sistema de Gestión de Fronteras, con alcance nacional, operado por la Dirección Nacional de Migración en coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Pasos de Frontera. El sistema operará un software de gestión de fronteras que incluirá todos los elementos exigidos por la OACI y no será gratuito para los usuarios, dado que es una carga estatal.
2.5. Ciberseguridad:
a) Conformar en el ámbito de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) la Agencia Nacional de Ciberseguridad con la misión de gestionar los riesgos de ciberdelitos, para incrementar la seguridad y resiliencia de los sistemas nacionales de información, así como la información nacional, permitiendo la protección de la conectividad, el desarrollo del gobierno electrónico y el trabajo de los habitantes del país en el ciberespacio nacional.
b) Organizar una política de ciberseguridad en concordancia con la Ley de Ciberdelitos (impulsada por CA en esta legislatura). Adherir a la Convención N° 185 del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia adoptando sus definiciones a nivel nacional (Convención de Budapest de 2001).
c) Legislar sobre la inteligencia artificial, su empleo y aplicación en seguridad, particularmente el reconocimiento facial y la identificación de placas matrículas, asegurando que los softwares a emplear no introduzcan sesgos que puedan considerarse violatorios de los derechos individuales y del adecuado tratamiento de datos personales.
d) Realizar una Campaña Nacional Educativa sobre la Ciberseguridad con marcado énfasis en abuso y acoso a menores, extorsión sexual, estafas con criptomonedas y otros activos cripto, vectores de ciberataques, análisis forense digital.
3. CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD Y PRESOS QUE TRABAJEN
Sistema carcelario y rehabilitación
3.1. Trabajo obligatorio: Proponemos una Reestructura del Sistema Carcelario a través del Instituto Nacional de Rehabilitación donde se gestione con Equipos Multidisciplinarios la Rehabilitación de todas las personas privadas de libertad, estableciendo el trabajo de forma obligatoria, de acuerdo con el convenio de OIT 29 de 1930 ratificado por Uruguay en la Ley 16643 de 1995 y por el art.81 de la LUC que dio nueva redacción al art. 41 del Decreto Ley 14470. Se procurará generar una cultura de trabajo como mecanismo para la prevención del delito y el desarrollo de hábitos saludables. Proponemos que los PPL reciban una prestación equivalente a un 60% del SMN por sus actividades laborales, bancarizándose y descontándose retenciones y asignaciones para hijos menores. Se establecerá un cronograma de horarios y actividades educativas, de lunes a sábados, en el horario matutino. Podrán cursar y culminar primaria con acreditación de lecto escritura, secundaria, bachillerato y también educación terciaria y universitaria.
3.2. Peculio: Destinar los proventos originados en la venta del excedente de bienes producto del Plan de Dignidad Laboral al aumento de la partida presupuestal denominada Peculio que remunera el trabajo de los presos.
3.3. Reglas Mandela: Reafirmar el respeto a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos (reglas Mandela) para todas las personas privadas de libertad en todo el país.
3.4. Servicio penitenciario:
a) Implementar un plan de reforma progresiva del Instituto Nacional de Rehabilitación fomentando la mejora, restauración o creación de todos los establecimientos carcelarios de mínima seguridad factibles o bien la creación de nuevos.
b) Crear un Escalafón Penitenciario para personal Superior y Subalterno, con formación mixta ( seguridad y rehabilitación) en los actuales centros del sistema de Enseñanza Policial del Ministerio del Interior. El personal deberá ser cuidadosamente seleccionado y altamente capacitado, desarrollando controles y auditorías que aseguren y prevengan situaciones de corrupción e influencia del crimen organizado.
c) Construcción o adaptación de un centro con la capacidad necesaria en relación con la población carcelaria, habilitado en etapas como Hospital Penitenciario y ubicado al alcance de la respuesta en seguridad ante incidentes y evacuaciones. Implementar un Proyecto de Seguridad de las Comunicaciones Carcelarias.
3.5. Cárcel de Alta Seguridad: Construir y reglamentar su funcionamiento con destino a personas peligrosas y provenientes del crimen organizado, con aislamiento y suficiente grado de seguridad y protección con empleo de alta tecnología disponible y suficientemente probada. Su ubicación dependerá de un estudio de seguridad territorial previo que pondere todos los factores de acuerdo con las prácticas internacionales. Se promoverá una legislación especial (basada en la Regla 3 Mandela) para el régimen de privación de libertad de alta seguridad, que contemple esta situación y brinde herramientas al Estado para aplicar este régimen dentro de un marco legal específico.
3.6. Drogas:
a) Establecer un plan y una estructura acorde para atender el problema que afecta al 85% de los recluidos (ASSE 2022), realizando una importante reasignación de recursos para contrataciones de profesionales e incremento de talleres. Involucrar a la Junta Nacional de Drogas y sus recursos en estas acciones.
b) Crear establecimientos especializados en rehabilitación de adictos privados de libertad, destinados preferentemente a primarios para su tratamiento. Gestión de la rehabilitación con refuerzo de recursos económicos, funcionales y profesionales. Proponemos que se formulen indicadores de gestión y un Plan de Rehabilitación Anual, con proyectos por áreas de trabajo en rehabilitación. Proponemos que en cada Centro de Rehabilitación (establecimientos) funcionen equipos multidisciplinarios que realicen seguimientos semanales de cada PPL, generando evaluaciones mensuales sobre su rehabilitación y posible reinserción social.
c) Establecer un sistema de control estricto del ingreso de drogas a los establecimientos ejerciendo controles escalonados y capas de seguridad para visitas y personal penitenciario.
3.7. Rehabilitación y reinserción:
a) Incrementar el personal especializado de la Dirección Nacional de Libertad Asistida en relación razonable con la cantidad de personas con medidas sustitutivas, procurando el seguimiento personal de cada caso. Proponemos una profunda reforma de los organismos y funciones de la atención y apoyo al liberado, estableciendo una red de organizaciones y convenios para ocupar al máximo posible y realizar un seguimiento personalizado de cada caso. Incluye la asignación de recursos económicos y en caso necesario, empréstitos con organismos extranjeros.
b) Proponemos ampliar la presencia de la DINALI en todo el territorio nacional, de forma que cada en Departamento exista una dupla de técnicos sociales especializados en el abordaje de las distintas situaciones de los PPL procurando su inserción social y apoyando a equipos multidisciplinarios de cada Centro de Rehabilitación. Realizar un trabajo social integral con las familias de los reclusos y con asistencia médica adecuada en los centros de máxima seguridad.
3.8. INISA: Mantener el modelo de gestión y funcionamiento que logró garantizar derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal, promoviendo las medidas no privativas de libertad, los talleres, el estudio y el foco en el deporte. Continuar fomentando la formación y capacitación de los funcionarios apuntando a seguir mejorando el trato con los jóvenes.
4. VIGILANCIA CON DRONES Y SISTEMAS AVANZADOS
Inteligencia y tecnología
4.1. Inteligencia: Empoderar y poner en funcionamiento a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado en un rol de órgano coordinador de todos los esfuerzos de la comunidad de inteligencia estatal, operando la Inteligencia Criminal, la Inteligencia Interior, la Inteligencia Exterior y la Inteligencia Estratégica con organismos de análisis prospectivo y análisis anticipatorio. Reorganizar la Inteligencia Táctica y Operacional Policial Integrar la Inteligencia Policial con la Inteligencia Estratégica Nacional. Capacitar analistas criminales para contar en la Agencia Nacional de Protección, en todas las Jefaturas y Zonas del Ministerio del Interior, Prefectura Nacional Naval y Fiscalía, con operadores analistas especializados. Recurrir, de ser necesario, al apoyo de organismos especializados del exterior mediante convenios. Designar Oficiales de Enlace de Seguridad en los países del MERCOSUR, solicitando integrar el Comando Tripartito de la Triple Frontera con un Oficial de Enlace. Cambiar la denominación del Sistema de Inteligencia por la de Comunidad de Inteligencia Nacional. Agregar como Objetivo la “Anticipación Estratégica”.
4.2. Tecnología:
a) Extender la red de control de placas matrículas a las principales rutas del interior y estaciones de servicio con conexión local a las Jefaturas de Policía Departamentales.
b) Empleo de Tecnología de probada eficacia para la Detección de Disparos de Armas de Fuego. Desplegar en las zonas de las Seccionales de Contexto Crítico sistemas completos de detección de disparos basado en redes neuronales con georreferenciación y orientación de cámaras hacia los mismos, incluyendo orientación de imágenes de drones.
5. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Protección
5.1. Direcciones y reorganización de servicios de protección:
a) DIGEFE: actualizar reglamentaciones de acuerdo con la ley 19.721 y en concordancia con el actual Decreto Reglamentario. Organizar un mecanismo de colección de información a través de los operadores privados de seguridad.
b) D. N. de Bomberos: modernización y mejora de la capacitación. Actualizar la dotación de equipamiento deficitario, actualmente con capacidad forestal muy menguada y de combate al fuego en altura casi inexistente. Capacitar especialistas en el exterior, aumentar los períodos de capacitación e incrementar efectivos.
c) D. N. de Policía Caminera: empleo para el control de rutas y colección de información.
d) Dirección Nacional de Seguridad Rural: incrementar efectivos y equipamiento para encargarle las funciones de Policía Ecológica, desarrollando progresivamente su cobertura.
e) Dirección Nacional de Migración: Reorganizar, actualizar su misión, funciones, tareas y personal. Implementar una estructura realmente operativa con sustento en el Sub Escalafón Ejecutivo, para el control de todo el país y en especial en la frontera, atendiendo los temas de inmigración y refugiados.
f) Infraestructuras Críticas y Obras Nacionales. Establecer una normativa por Ley o por Decreto para que las Obras de Estado y las grandes Obras Civiles que se consideren, deben contar con un Estudio de Seguridad y Análisis de Riesgos, con las medidas de seguridad propuestas para la ejecución y habilitación. Este requisito debe ser controlado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.
5.2. Emergencias y crisis:
a) Creación de una Agencia Nacional de Gestión y Monitoreo de Riesgos Sísmicos dentro del Sistema Nacional de Emergencias, que cuente con el equipamiento adecuado y dotación de personal para el monitoreo de todas las regiones del país.
b) Desarrollar un sistema de alerta masivo del Sistema Nacional de Emergencias, implementar un sistema de alertas en red de telefonía celular a nivel nacional en forma simultánea en coordinación con la DINATEL y las empresas operadoras.
c) Desarrollar la presencia territorial del Sistema Nacional de Emergencias, implementando Centros de Emergencias Regionales con pre-posicionamiento de equipos, artículos de auxilio y primera necesidad, alojamientos temporales desplegables y transportes. Implementar un Plan de Suministro de alojamientos temporales rígidos y desplegables para cada comité departamental, dimensionado a sus datos históricos para atender la primera respuesta de evacuados.
d) Equipar a la Dirección Nacional de Meteorología con radares de detección tipo Doppler y otras Tecnologías que permitan mejorar e incrementar la capacidad de predicción y establecimiento de alertas meteorológicas.
6. TODO EL RESPALDO A LA POLICÍA
Recursos humanos y ajustes legales
6.1. Calificaciones y ascensos: Modificar el sistema de ascensos tanto del personal de la escala superior, como de la escala básica; ponderando enfáticamente la antigüedad calificada. Impulsar la elaboración de un estatuto que considere sistema de calificaciones, ascensos y cursos de pasaje de grados, elaborado por los propios SS:OO, para darle sustentabilidad en el tiempo de acuerdo con la preferencia de cada categoría. Priorizando el concurso y la antigüedad calificada, evitando lo que hasta ahora se ha dado que es una implantación antojadiza del mando político y/o de cúpula policial. Crear un Consejo Consultivo de Of. Superiores, Jefes y Subalternos con representantes de las UU.EE de todo el Ministerio del Interior.
6.2. Capacitación:
a) Formación en valores, capacitación táctica y entrenamiento operativo adecuados. Retomar la formación especializada, sistematizar y sustentar programa de becas en el exterior. Procurar la mayor cantidad de convenios internacionales para capacitar. Priorizar la formación del personal de escala básica que deberá operar en la vía pública. Actualizar el Curso de Estado Mayor Policial.
b) D. N. Bomberos: Estructurar un Campus de entrenamiento de bomberos y fuerzas especiales, con superficie y terreno suficiente para desarrollar ejercicios, simulacros y basar toda la infraestructura de capacitación especial. Impulsar la creación de la figura de guardia diplomado modificando la ley 19.721 y la correspondiente reglamentación. Dichos guardias poseerán un estado policial atenuado y temporal.
6.3. Sanidad Policial y Vivienda Social:
a) Disponer los recursos para la implementación de un Sistema de Salud Mental en apoyo al personal policial con cobertura 24/7 en todo el país. Es necesario que exista disponibilidad de profesionales de la salud en la materia en todas las Jefaturas. Son particularmente vulnerables los escalafones ejecutivos y aquellos asignados a tareas del Centro de Comando Unificado por la intensidad y tensión de su trabajo en respuestas en cortos plazos, el personal de Policía Técnica y el personal dedicado a cibercrimen por su extendida exposición a imágenes y situaciones degradantes.
b) Vivienda Social: incentivar y buscar nuevas alternativas para multiplicar las oportunidades de acceso para el personal policial. Revisar los terrenos disponibles del MI para desarrollar núcleos habitacionales para su personal en todo el país. Reorganizar y potenciar la Sanidad Policial con asistencia económica para alcanzar mejores niveles de especialistas y un mejor sistema de distribución de medicamentos en todo el país. Crear al interior de la Farmacia Policial un área con distribución domiciliaria de medicamentos por el Correo Uruguayo. Atender adecuadamente a la tercera edad vulnerable de retirados coordinando acciones entre la DNASSP, MIDES, BPS y ANV. Hogares de acogida en distintos lugares del país para retirados policiales. Instrumentar e impulsar una mejora en las pólizas de seguros de la Policía Nacional para los funcionarios en actividad y retiro. Promoveremos que los montos asciendan a cifras de 325.000 Unidades Indexadas para el acto directo de servicio y discriminado razonablemente a montos de 65.000 UI. como mínimo por toda causal de fallecimiento.
6.4. Gestión de calidad e indicadores de desempeño: Impulsar y velar por su aplicación nacional determinando Objetivos e Indicadores para cada UU.BB y otras Dependencias. Incrementar en un 50% las alícuotas correspondientes a los Indicadores de Desempeño de las UU.BB. OO., Zonas, Jefaturas y la Dirección de la Policía Nacional.
6.5. Ley Orgánica Policial: Modificar el art. 25 dándole potestades de Investigación, prevención, represión y despliegue de Policía Comunitaria a las Seccionales. Modificar los artículos referidos al establecimiento de las Zonas Policiales y Seccionales a efectos de posibilitar la creación o supresión de acuerdo con los requerimientos situacionales. Modificar el literal D) del Artículo 82 de la LOP debiendo quedar redactada de forma que la suspensión rigurosa de mayor a un mes sea con goce de no menos del 50% del sueldo, a fin de no hacer recaer el efecto de la sanción en los familiares o dependientes del Policía.
6.6. Seguridad privada: Modificar la Ley de Regulación del Trabajo en la Seguridad Privada para habilitar la cooperación con empresas en intercambio de información, impulsando la adhesión de las mismas al Código Internacional de Conducta (ICOCa).
6.7. Equiparación de haberes: Autorizar el pago de una partida diferencial y compensatoria del 15% anual por sobre el aumento asignado para retirados y pensionistas policiales en forma excepcional y hasta lograr la equiparación respecto a aquellos que obtuvieron beneficios por querellas contra el Estado por la aplicación de los artículos 118 de la Ley 16.320 y 21 de la Ley 16.333, derogados por la ley 18.966 de 2012.
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