Fuente: Programa de Gobierno de CA
DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL EN ADICCIONES: Declarar
formalmente la emergencia nacional en adicciones, para realizar una campaña masiva contra el consumo de drogas a nivel educativo y comunicacional, así como avanzar en las acciones necesarias para contar con la infraestructura para la atención y tratamiento de adictos. Se formará una Oficina Nacional de Emergencia en Adicciones que tendrá por finalidad coordinar la participación activa de todos los ministerios en la elaboración junto a un grupo de notables, colectivos y asociaciones vinculadas al tema en un plan Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción de adicciones. Tendrá un plazo de 180 días para la presentación del documento final que a iniciativa del Ejecutivo o por vía legislativa se constituirá en ley.
1. FUERTE CAMPAÑA CONTRA LAS DROGAS
Prevención universal
1.1. Campañas masivas: Crear una campaña comunicacional de bien público (televisión, redes, radio y prensa escrita). Con el objetivo de informar y educar a la población sobre el daño y riesgo que producen las drogas. Con foco en las que se consumen en Uruguay (alcohol, cannabis, cocaína y pasta base). Se desarrollará en conjunto con la ANEP, la inclusión obligatoria de un plan educativo tendiente a conocer en profundidad los daños ocasionados por el consumo de las distintas sustancias y/o adicciones, desde el CAIF hasta la universidad. Estableciendo como prioridad el NO consumo de sustancias por elección personal. Deberán formarse grupos específicos de capacitación que sean quienes operen en cada institución de enseñanza, con la finalidad de salvaguardar a los docentes que en permanencia se vinculan con la población estudiantil y sus familias. Se desarrollarán campañas específicas de gran penetración a nivel de redes sociales, y de otros medios de comunicación. Se buscará el compromiso por el “No pruebes, no consumas” de figuras públicas de todos los ámbitos sociales, deportivos, empresariales, etc.
1.2. Entornos sanos: Generar entornos comunitarios sanos para adolescentes y jóvenes a nivel país, que les permita aprovechar su tiempo libre y decidir no consumir. Fomentar y hacer posible la práctica de deportes, actividades artísticas, recreativas y/o educativas. A través del trabajo conjunto y focalizado de las instituciones del estado (Secretaria de deporte, MEC, ANEP, Intendencias, entre otras), quienes luego de diagnósticos locales, generen el acceso y creen las oportunidades a medida de la comunidad.
2. PROGRAMAS PARA LOS JÓVENES
Prevención selectiva
2.1. Potenciar el Programa Familias Fuertes (OPS): Programa con evidencia científica de cambio comportamental y prevención del uso de sustancia en adolescentes y retraso de edad de inicio de consumos. Brindar herramientas a las familias, en busca de fortalecer lazos, mejorar la comunicación entre padres e hijos, crear entornos familiares saludables que permitan el desarrollo de niños y adolescentes sanos. En el momento el programa se realiza a través de una implementación nacional e interinstitucional (MSP, ASSE; INAU, JND, UTE, OSE, ANTEL). Se prevé realizar un nuevo acuerdo de implementación e incorporarlo al Ministerio de Desarrollo Social donde tomará carácter de programa prioritario dentro de una Dirección de Estrategias de fortalecimiento familiar.
2.2. Implementar estrategias de prevención en la educación formal y no formal: Crear el programa “Educación en adicciones” (ANEP) para ser implementado en centros educativos (escuelas, liceos y utus). Bajo el paradigma de la educación y prevención específica, que busque evitar el consumo, que enseñe del riesgo y el daño que pueden producir las sustancias psicoactivas, que brinde estrategias para enfrentar la presión del grupo y habilidades para la vida. Adaptado a las distintas franjas etarias de la población estudiantil.
2.3. Equipos de prevención: Formación de “Equipos implementadores de prevención departamentales" (MSP-ASSE) capaces de realizar tareas que involucran a la comunidad, diagnóstico locales y propuestas a medida, descentralización de líneas de acción de programas de adicciones de MSP y ASSE. en estos equipos de prevención se incorporará a todas las instituciones legales públicas de cualquier orientación filosófica que deseen contribuir a la propagación de los lineamientos establecidos en el Programa de Educación para el No consumo.
2.4. Programa "Mi oportunidad": con la participación público-privada (INJU; INAU; MEC; SENADE; embajadas, empresas, entre otros). Este programa buscará crear oportunidades para que adolescentes y jóvenes puedan ocupar su tiempo libre en actividades deportivas, educativas, recreativas, culturales, artísticas. Realizadas a medida de sus gustos y necesidades según localidad y atractivas para esta franja etaria, previo diagnóstico. Se buscará la colaboración y el apoyo sea en personal o infraestructura de toda organización de tipo social, deportiva, filosófica o artística que se integre a la filosofía de contención, educación, solidaridad, prevención para identificar posibles situaciones de riesgos en la población juvenil sea para consumo de sustancias, adicción a otro tipo de productos, juegos de azar, dispositivos electrónicos, pornografía, o situaciones de depresión.
2.5. Investigación: Propiciar la realización de estudios de investigación específicos, desde instituciones público-privadas, como CUDIM, universidades, entre otras, sobre el daño por consumo de sustancias, tratamiento y rehabilitación, que promuevan mejoras en la información a la población, y en la capacitación de profesionales. Se buscará dar la mayor difusión pública a través de todos los medios de comunicación de los trabajos realizados por los distintos centros de investigación locales o internacionales en la materia.
3. CENTROS DE ATENCIÓN ADECUADOS Y ACCESIBLES
Tratamiento
3.1. Mejorar la calidad y cobertura del tratamiento de las adicciones: Se realizará un análisis de calidad y cobertura de los centros de tratamientos que existen actualmente (centros ciudadelas, diurnos, residenciales, público/privados/OSC). Para conocer costos, efectividad, cobertura, distribución geográfica y necesidades, que permita realizar un plan de mejoras de funcionamiento y la creación de nuevos centros si así se requiere. Se propiciará la habilitación de los centros, según pautas del MSP y se generará un registro de los mismos.
3.2. Profesionalización y habilitación de las comunidades terapéuticas: Revisar y actualizar el Decreto 274 del 2013 que regula los establecimientos especializados en la atención y el tratamiento de “usuarios problemáticos de drogas”. Profesionalización de los operadores que integran las comunidades. Equipo consultor, impulsor de la habilitación, que acompañe a las comunidades en el proceso de habilitación, genere la coordinación interinstitucional para el apoyo en los requisitos de la misma.
3.3. Fortalecer y homogeneizar la práctica de los profesionales de todo el sistema de salud: Brindar capacitación a los profesionales que brindan asistencia tanto en el primer nivel de atención, como en internación y en puerta de emergencia. Protocolización de las prácticas profesionales destinadas al tratamiento y la rehabilitación. Inclusión de la temática en la currícula de pregrado y postgrado de las distintas carreras socio-sanitarias. Se incluirá una capacitación particular al Ministerio del interior, o sea toda fuerza policial que tenga que actuar en situaciones de adictos en consumo grave, para un mejor manejo de la situación que implique altos niveles de seguridad para el policía y el adicto y las mejores condiciones de alcanzar el objetivo de rehabilitación mediante ayuda profesional. Lo mismo se capacitará al sistema judicial en todos los departamentos para que tanto jueces como fiscales como defensores públicos, entiendan la dinámica del funcionamiento sicológico de un adicto, y puedan aplicar dentro del marco legal las mejores soluciones para una recuperación del infractor.
3.4. Justicia Terapéutica: Instalar acciones para implementar la Justicia Terapéutica. Promover marco normativo que permita el tratamiento como medida sustitutiva al encarcelamiento para delitos primarios relacionados al consumo de drogas. Asegurar el acceso al tratamiento y la reinserción social de las personas privadas de libertad, a través de la implementación de programas específicos para tal fin. Considerando la enorme carencia en materia de centros de tratamiento a nivel público, la justicia buscará, con el auxilio del MSP, la utilización de centros privados de atención para el cumplimiento de penas y la rehabilitación del infractor.
3.5. Situación de calle: Atender especialmente la población en situación de calle, a través de la implementación de la ley de voluntad anticipada y de la ley de traslado contra la voluntad de la persona. Que permita ofrecer una evaluación y tratamiento adecuado. Realizar una formación específica de los operadores de calles del MIDES, en el curso de acompañante terapéuticos en adicciones para mejorar las acciones. Nos oponemos a la idea del “derecho a vivir en la calle”, en el entendido que todo ciudadano tiene derecho a una vida digna incluyendo la vivienda.
4. FRENO A LA LEGALIZACIÓN DE DROGAS
Ajustes legales
4.1. No a seguir ampliando la legalización de drogas: Decir NO a seguir ampliando la legalización del mercado de las drogas, por ejemplo con la cocaína. Informar a la población sobre el daño de la legalización del mercado de las drogas, la disminución de la percepción del riesgo en especial en la población adolescente y joven, el aumento de la tolerancia social a las drogas, el engaño de la lucha contra el narcotráfico.
4.2. Ley de regulación del cannabis: Tomar las medidas necesarias para la progresiva derogación de la ley 19.172. Se comenzará por hacer cumplir en todos los términos los aspectos de la ley que establecen un control estricto sobre los clubes cannábicos y los autocultivadores, estableciendo grupos fiscalizadores y penas acorde a la violación de la ley establecida. En defensa de la obligación que al Estado le corresponde sobre la salud de toda la ciudadanía es importante tener conocimiento y seguimiento del estado de salud de una persona que consume sustancias potencialmente dañinas a su salud.
5. VIVIR SIN ATADURAS
Otras adicciones
5.1. Juegos de azar: Promover una legislación que contemple límites claros en publicidad, horarios de operación y accesibilidad a casinos y casas de apuestas físicas y en línea. Programas educativos sobre los riesgos del juego de azar y promover alternativas de ocio saludables. Reforzar la verificación de edad en sitios de juego en línea. Garantizar la disponibilidad de servicios de tratamiento para personas con problemas de juego compulsivo y ludopatía.
5.2. Pornografía: Mayor énfasis en la educación en los daños que provoca el consumo de pornografía para la salud mental y para las relaciones interpersonales. Incentivar a los proveedores de servicios de internet a implementar filtros de contenido para restringir el acceso a sitios pornográficos. Ofrecer terapias y apoyo psicológico para ayudar a las personas a superar su adicción a la pornografía.
5.3. Dispositivos móviles: Impulsar la creación de espacios libres de tecnología en hogares, escuelas y lugares de trabajo para fomentar actividades sin dispositivos. Fomentar el uso de aplicaciones que limiten el tiempo de pantalla y monitoreen el tiempo de uso de dispositivos móviles. Integrar la educación sobre el uso responsable de la tecnología en escuelas y ofrecer recursos educativos para padres y cuidadores. Promover actividades al aire libre, práctica de deportes y hobbies que alejen a las personas del uso constante de dispositivos móviles.
PRIMER PILAR: FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO
La carta de principios fundacionales de Cabildo Abierto establece que se concibe a la familia como pilar y factor de cohesión social fundamental, que está en la primera línea de defensa de la vida y desempeña un rol indispensable en la formación inicial de valores del ser humano y en el horizonte demográfico del país.
El artículo 40 de la Constitución de la República reconoce que "la familia es la base de nuestra sociedad" y que "el Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad". Asimismo, el artículo 41 consagra que "el cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres" y "quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten".
Es imposible pensar las políticas sociales y de desarrollo humano sin poner a la familia y a la defensa de la vida en el centro. Nuestro país enfrenta un desafío demográfico significativo con la tasa de fecundidad más baja de toda América Latina y un envejecimiento de la población que presiona los sistemas de salud y seguridad social. A esto se le suman los tristes registros de 10 mil abortos y más de 800 suicidios por año. Por si fuera poco, algunos sectores políticos y activistas promueven la legalización de la eutanasia, fomentando una cultura del descarte y de la muerte, en un país que sufre una oleada de homicidios y de rehenes de la adicción a las drogas.
Por otra parte, los intentos para imponer una perversa ideología de género buscan instalar el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, la sexualización de los niños y la división de las familias, generando un profundo deterioro en el tejido social.
Cabildo Abierto es el único partido que se atreve a decir estas cosas y a presentar propuestas para revertir la situación.
Durante la actual administración promovimos varios proyectos de ley aprobados vinculados a la tenencia compartida (corresponsabilidad de la crianza), al impulso a los nacimientos, para la reforma de la ley de violencia de género, para crear una campaña para la prevención de suicidios adolescentes, así como el surgimiento del programa Familias Fuertes del MSP. También somos el único partido que se manifiesta contrario a la eutanasia y que votó unido contra el proyecto de obligar a la paridad de género para la integración de listas.
En esa línea continuaremos reforzando las políticas de estabilidad familiar, de apertura a la vida, para conciliar trabajo y familia y proteger la educación de los hijos. También trabajar contra la violencia doméstica, sin vulnerar garantías fundamentales como la igualdad ante la ley y el principio de inocencia. El apoyo a la economía familiar y el incentivo a la natalidad y las adopciones, así como políticas orientadas a la primera infancia y erradicar la pobreza infantil también forman parte de las medidas contenidas en los siguientes capítulos.
Existe un fenómeno de aumento en la población de personas mayores y una feminización del envejecimiento debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres. Según el censo de 2023, las personas mayores representan el 16% de la población total, reflejando una tendencia de crecimiento sostenida desde 1963, con una proporción creciente de personas mayores de 85 años y dos personas dependientes por cada cinco no dependientes. Este aumento en la población mayor demanda una atención adecuada y espacios de cuidado, así como un enfoque en la equidad social, asegurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todos los sectores, especialmente a los más desfavorecidos. La vejez es vista como una oportunidad de experiencia y sabiduría, contribuyendo al fortalecimiento de la sociedad y promoviendo el apoyo intergeneracional, destacando la importancia de garantizar un nivel de vida adecuado para las personas mayores.
El capítulo de inclusión social y comunitaria comprende medidas vinculadas a la alimentación y al desarrollo social como por ejemplo la creación de un programa destinado a jóvenes inactivos que no estudian ni trabajan para acceder a un curso de voluntario de protección civil. También se presentan varias políticas de apoyo a las personas con discapacidad, comunidad sorda, TEA, diabetes y celíacos. Las políticas para el bienestar animal están comprendidas, en línea por ejemplo con leyes impulsadas como la de regulación de pirotecnia de estruendo, entre otras. En cuanto a la integración a la comunidad, incorporamos medidas para facilitar el arraigo de inmigrantes.
Hoy sufrimos que el 50% de nuestros jóvenes no terminan sus estudios secundarios y de ellos la mitad no consigue trabajo. Es necesario el acceso para todos a una educación de calidad y para ello proponemos dos pilares estratégicos: Garantizar el acceso a una educación de calidad para todas las edades sin importar su origen socioeconómico, ubicación geográfica, género, etnia o discapacidad. Y fortalecer los currículos y metodologías de enseñanza para que respondan a las necesidades del mundo actual y preparen a los estudiantes para el éxito en la vida personal, profesional y social.
Para eso apuntamos a profundizar la transformación educativa, a través de una formación docente que alcance el carácter universitario y en esa línea la creación de una Universidad Pedagógica Nacional. En materia de educación terciaria y universitaria, proponemos una Ley de Educación Superior que complementará la LUC (2020) y la Ley General de Educación (2008). Esta norma integraría todas las universidades e institutos terciarios públicos y privados, planificando estratégicamente las carreras universitarias según las necesidades del país y las aspiraciones profesionales de las nuevas generaciones. Además, es fundamental una gestión eficiente y transparente basada en la evaluación de procesos y resultados, así como fortalecer la educación inicial a los efectos de cambiar el modelo actual.
En materia de salud nuestro país atravesó una de las mayores crisis en su historia con la pandemia del Covid-19 y la emergencia sanitaria declarada en 2020. La estrategia de "libertad responsable" junto a un enorme esfuerzo de coordinación liderado por el Ministerio de Salud Pública contribuyó a lograr una gestión exitosa reconocida dentro y fuera del país.
Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo las políticas sanitarias y la calidad de la asistencia médica, poniendo un especial énfasis en la humanización de la medicina y en el primer nivel de atención. Reconocemos que existe un problema central vinculado a la salud mental y planteamos varias medidas para su abordaje, así como la prevención y lucha contra el cáncer, enfermedades transmisibles y no transmisibles. Apuntamos a una mayor valorización y profesionalización de la enfermería.
Asimismo, planteamos también varias medidas sobre la reformulación del mecanismo de financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, el ajuste de precios de prestaciones, la fiscalización, la implementación de una receta única nacional y lo vinculado al Fondo Nacional de Recursos, entre otros temas.
Respecto a las políticas de vivienda ha sido mucho lo que se ha logrado. El nuevo Plan Avanzar con la meta de mejorar la calidad de vida de la población afincada en asentamientos y su relocalización. El programa Sueños en Obra, dirigido a población bancarizable, que alquila, pero que no puede acceder a la vivienda propia. Sobre la meta de facilitar el alquiler de los jóvenes, por ejemplo, se ha firmado un convenio por cientos de subsidios de alquiler para estudiantes. Del mismo modo se han otorgado más de mil subsidios y más de tres mil garantías de alquiler por parte de MVOT, redondeando en total casi cinco mil, entre subsidios y garantías otorgadas. Se impulsó iniciativas como las cooperativas y el “Plan Juntos”, ofreciendo oportunidades para más familias. Y se logró el histórico reclamo de bajar la tasa de interés a las cooperativas al 2%.
Se ha estimulado la incorporación de nuevas tecnologías, creando el Certificado de Ingreso al Registro (CIR), a través del cual el MVOT certifica el cumplimiento de estándares de calidad de nuevos sistemas constructivos no tradicionales, basándose en ensayos, homologaciones y declaraciones juradas presentadas por cada empresa. Actualmente hay casi 30 nuevos sistemas ingresados al registro. En relación a revisar los incentivos vigentes en materia de construcción de Vivienda Promovida, se mejoraron las condiciones para los inversores, lo cual significó que se duplicarán las viviendas ingresadas a ese Programa, generando mucha demanda de mano de obra y repercusiones favorables en muchos aspectos de la economía.
Proponemos ampliar lo más posible el abanico de programas, de modo que llegue a la mayor población posible, desde los sectores más vulnerables, hasta sectores con capacidad de pago de cuotas, ingresos regulares y bancarizables, pero que no logran acceder a la vivienda propia. Trabajar coordinadamente con cada Intendencia en las necesidades de la población del lugar y continuar desarrollando convenios específicos con diferentes organismos estatales de modo de complementarse y poder abordar la problemática de la vivienda desde las diferentes aristas. Además, consideramos que el Juntos tiene que transformarse en el "Mevir urbano” y seguir contribuyendo a la integración socio-habitacional.
Finalmente, incluimos un capítulo sobre la promoción de los deportes, entendiendo que el impulso de la actividad física está muy unida a la prevención de las adicciones y al desarrollo humano. En este sentido, apuntamos a una mayor descentralización y accesibilidad deportiva, en especial para los grupos más vulnerables. También establecemos medidas concretas de apoyo a los deportes federados, principalmente con la creación del “Centro Nacional de Alto Rendimiento”.
En resumen, para Cabildo Abierto el primer pilar para el desarrollo humano es el fortalecimiento de la familia y la defensa de la vida. Velar por los más frágiles de la sociedad. El acceso a salud, vivienda y educación de calidad para vivir con dignidad. Todo esto íntimamente ligado a la cultura del trabajo, que es la política social principal.
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