Fuente: Programa de Gobierno de CA
1. VOLVER A CONFIAR EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
Reforma de Fiscalía General de la Nación y del Código del Proceso Penal
1.1. Modificar el nuevo Código de Proceso Penal: Una nueva estructura para el Código del Proceso Penal que fue aprobado por unanimidad en 2017 y sufrido decenas de reformas. Crear previamente una comisión de expertos para la evaluación, redacción y modificación sustancial. En particular analizar la adecuación de los plazos procesales a los principios generales en la materia penal.
1.2. Reforma de Fiscalía General de la Nación: presentar un proyecto para modificar la ley
19.334 y establecer un directorio de tres miembros que ejercerán la jerarquía administrativa del Servicio.
1.3. Fiscalía contra el Crimen Organizado: Ajustar su funcionamiento dotándola de más y mejores instrumentos de investigación para delitos de “guante blanco”, permitiendo optimizar sus roles y recursos, así como revisar la pertinencia de otras Fiscalías en función de su registro de formalizaciones.
1.4. Fiscalía Especializada en Ciberdelitos: Crear una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos transformando la actual Unidad Especializada en Delitos Informáticos, dotándola de equipamiento para el peritaje y análisis, de personal especializado en ciberdelito y procurando obtener la adecuación a normas nacionales e internacionales sobre el tema. Ubicarla en lugares protegidos con dispositivos Faraday y Tempest para la preservación de evidencia y confidencialidad de declaraciones.
1.5. Coordinación: Crear nuevos mecanismos de coordinación, que resulten más eficientes entre Fiscalías y Jefaturas de Policía Departamentales para intercambios de información y labores en común.
2. RESPETO A LA CONSTITUCIÓN Y LOS PLEBISCITOS
Fortalecimiento del Estado de Derecho
2.1. Constitución y Estado de Derecho: Velar por el cumplimiento de la Constitución de la República, la separación de poderes y sus mecanismos de contralor, así como por el respeto a las decisiones del Cuerpo Electoral a través de los referéndums y plebiscitos. En particular vemos con mucha preocupación la tendencia de algunos sectores políticos a desoír esos pronunciamientos al imponer leyes que contradicen la voluntad popular por mayorías circunstanciales en el Parlamento.
2.2. Garantías individuales: Exigir el respeto de las garantías fundamentales de los ciudadanos, como la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y al debido proceso y la irretroactividad de la ley penal desfavorable.
2.3. Desideologización de la justicia: Es imprescindible que se termine con el sesgo ideológico que pretenden imponer algunos magistrados, con fuertes presiones de organizaciones internacionales, particularmente en los procesos vinculados al “pasado reciente” y a la “ideología de género”. La justicia no puede actuar como mecanismo de venganza y pasando por alto los principios generales del Derecho.
2.4. Protección de jueces y fiscales, operadores jurisdiccionales, testigos y partes: En particular en la materia relacionada al Narcotráfico y al Crimen Organizado, establecer un sistema de seguridad junto a un protocolo de audiencias públicas, que incluya a testigos y a las partes en el ámbito de violencia doméstica.
3. TODO EL PESO DE LA LEY CONTRA LOS CRIMINALES
Delitos y garantías
3.1. Prevaricato: Establecer el delito de prevaricato, con penas mucho más severas de las hoy previstas para el delito de «abuso de funciones», para aquellos jueces y fiscales que se aparten de los principios del Derecho y provoquen intencionalmente que un inocente sea privado de su libertad o un culpable quede libre.
3.2. Filtración de información reservada: Tipificar como un delito de violación al secreto profesional cuando jueces, fiscales o funcionarios públicos filtren o faciliten por acción u omisión la información de una causa penal que está siendo investigada.
3.3. Allanamientos nocturnos: Se propone permitir allanamientos nocturnos mediante un plebiscito para facilitar la acción de la justicia en momentos en que la delincuencia sigue estando muy activa. Asegurar la presencia del juez o fiscal, el equipamiento apropiado y en lo posible un mismo equipo de allanamientos para todos los casos.
3.4. Tenencia de estupefacientes: Revisar la dosimetría de las penas por tenencia de estupefacientes, agravando la pena según la cantidad de sustancias prohibidas incautadas o estableciendo penas alternativas y considerando reincidencia y habitualidad.
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